Durante el estado de alarma, que se ha extendido a lo largo de 98 días, las incidencias por impago de alquiler se han casi multiplicado por cinco. Así lo apunta el último informe elaborado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) en el que se analizan las comunicaciones de falta de pago, es decir, las notificaciones de los arrendadores que no han recibido las rentas de su alquiler en el plazo establecido para su cobro.
Concretamente, ,durante las semanas que ha estado en vigor el régimen excepcional de estado de alarga, se han incrementado un 380% las incidencias de impago comunicadas por los arrendadores, según los datos obtenidos a través de la plataforma de monitorización de rentas FIM Control.
A partir de la tercera semana de marzo, coincidiendo con la limitación de la movilidad de los ciudadanos, las incidencias reportadas por los arrendadores se duplicaron, respecto a la semana anterior. "Con el estado de alarma, y la obligación de los ciudadanos a confinarse, se incrementó la incertidumbre en el terreno laboral y personal, provocando impagos y retrasos en los pagos", explica la compañía. Si bien, pese al incremento, no fue hasta la primera semana de abril cuando se reflejó la incidencia del COVID-19 en el pago de los alquileres.
De este modo, durante las tres primeras semanas del mes de abril, cerca del 43% de los contratos monitorizados a través de FIM Control reportaron una incidencia de pago. En este sentido, Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos explica que "un arrendador comunique que no ha recibido el cobro de su alquiler, no tiene porqué suponer que sea un impago. En muchos casos puede deberse a un retraso en el pago de la renta ocasionado por las dificultades económicas y laborales por las que están pasando muchos inquilinos".
Unas notificaciones de falta de cobro que alcanzaron su máximo anual en la segunda semana del mes de mayo, cuando el 17% de los arrendadores notificaron que no habían cobrado su alquiler.
"Estos datos demuestran que, aunque el Gobierno aprobase créditos, son muchos los propietarios que están viendo como sus inquilinos o no tienen la capacidad de pago o no hacen frente a sus obligaciones sin haber comunicado un motivo", argumenta Cardona.
El Gobierno aprobó el 11 de abril una orden ministerial que regula las ayudas al alquiler destinadas a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus. Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad con derecho a estos préstamos percibirán hasta 5.400 euros (900 euros al mes) en forma de microcrédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a pagar en 6 años, ampliables a diez.
Un mes y medio después de que entrara en vigor las medidas de ayuda a través de créditos ICO y con la práctica totalidad de las entidades españolas adheridas a la misma, la banca reconoce que las solicitudes para obtener estos préstamos es mínima.
Desde Asval, la asociación de Propietarios de Vivienda en alquiler, consideran que estas medidas "son una buena iniciativa para hacer frente a la situación actual", pero aseguran que muchos inquilinos están renunciando a solicitar los avales del ICO al alquiler, puesto que no quieren incrementar sus niveles de endeudamiento en una situación de reducción de ingresos por la pérdida de sus empleos".
La crisis originada por la expansión del coronavirus ha incluido directamente en la economía de los ciudadanos. La inestabilidad laboral en la que se encuentran muchos inquilinos y las dificultades para hacer frente al pago de alquiler han disparado la preocupación de los propietarios a sufrir un caso de morosidad en su vivienda de alquiler, explica el informe.
Ocho de cada diez propietarios de vivienda en alquiler tienen miedo de sufrir un impago en su inmueble. Este es el dato más alto en la serie histórica.
Entre el millar de encuestados por FIM, a más de 8 de cada 10 creen que pueden correr riesgo de sufrir un impago en su inmueble. "Desde el segundo semestre de 2018 hemos visto como el temor de los propietarios ha tenido una tendencia alcista, pero el dato registrado en los últimos seis meses es el más alto de la serie histórica", expone el Director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos.
Un temor que ha llevado a profesionales y propietarios a reunir la máxima información posible sobre los interesados por el inmueble. Tras superar el periodo más crítico de la alerta sanitaria y retomar el trabajo habitual los profesionales inmobiliarios, el número de solicitudes de informes de riesgo ha registrado un incremento del 17% respecto a las mismas fechas del año pasado.
"Desde mediados de mayo, coincidiendo con la reactivación de las visitas a los inmuebles ofertados, se han registrado el 35% de las solicitudes del Informe FIM Score, con el que profesionales y propietarios pueden conocer el perfil de riesgo del interesado y, además, les informa sobre los posibles antecedentes de morosidad de la persona estudiada", apuntan desde Fichero de Inquilinos Morosos.
El aumento del miedo de los propietarios podría llevar a una reducción de la oferta de viviendas en alquiler si estos deciden retirar sus inmuebles del mercado. Por eso, desde el sector se pide una mayor protección a los arrendadores y también mayor seguridad jurídica para seguir invirtiendo en este mercado.